La exconsellera Alba Vergés y otros tres exaltos cargos del Departamento de Salud de Cataluña se sentarán en el banquillo a partir del martes acusados de prevaricación por presuntamente discriminar a policías nacionales y guardias civiles en el calendario de vacunación contra la covid-19.
Barcelona, 28 may (EFE).- La exconsellera de Salud en Cataluña Alba Vergés y su cúpula en el departamento durante la pandemia de la covid, entre ellos su sucesor Josep Maria Argimon, se sentarán a partir del martes en el banquillo acusados de discriminar a policías nacionales y guardias civiles, frente a Mossos, en el calendario de vacunación.
En el juicio, que arrancará el próximo martes en la Audiencia de Barcelona con las cuestiones previas y está previsto que finalice el próximo 15 de julio, la Fiscalía pide doce años de inhabilitación para Vergés (ERC) y a otros tres cargos de su departamento, por un delito de prevaricación.
En concreto, la Fiscalía acusa a Vergés de haber acordado «paralizar», en marzo de 2021, el proceso de vacunación de los agentes estatales de forma conjunta con su entonces número dos Marc Ramentol, el exdirector general del Institut Català de la Salut (ICS) Josep Maria Argimon -que en mayo de 2021 la sustituyó como conseller de Junts en el departamento- y el exdirector del Servei Català de la Salut (SCS) Adrià Comella.
En su declaración en instrucción, Vergés, que también fue vicepresidenta del Parlament, alegó que el calendario de vacunación contra la covid se consensuó con el Ministerio y las autonomías y obedeció a criterios sanitarios, para priorizar la inmunización de los más vulnerables.
La Fiscalía sostiene por el contrario que los acusados eran «plenamente conscientes» de que al posponer la inmunización de los policías nacionales y guardias civiles «estaban, de hecho, discriminando» a los agentes de esos cuerpos, que «se quedaban sin vacunar, desprotegidos ante el virus, mientras la mayoría del resto de cuerpos policiales, locales y autonómicos, ya estaban protegidos».
El Ministerio Público considera que los acusados decidieron «de forma conjunta» el 24 de marzo de 2021 «paralizar el programa de vacunación» que se había acordado con los delegados de la Guardia Civil y la Policía Nacional, unas inmunizaciones que estaban programadas a partir del 15 de marzo de aquel año.
De hecho, el 24 de marzo, una miembro del gabinete de Vergés envió un mensaje a la responsable en la Consellería del proceso de vacunación: «Otra vez, la consellera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podemos argumentarlo. Lo tendríamos que parar».
La vacunación de los cuerpos y fuerzas de seguridad había sido acordada en el Consejo Interterritorial de Salud del 9 de febrero, que decidió que debía priorizarse la inmunización con AstraZeneca a los «colectivos con funciones especiales».
Posteriormente, el 12 de febrero, según la Fiscalía, el Departamento de Salud comenzó a vacunar a esos colectivos, si bien únicamente a los de edades comprendidas entre los 18 y los 55 años, y se programó la inmunización de los policías locales y autonómicos por el «sistema normal».
De hecho, el 4 de marzo, los responsables de Salud habían organizado la vacunación de los policías nacionales y guardias civiles con delegados de ambos cuerpos: según lo previsto, entre los días 15 y 17 de marzo debían administrarse las dosis a 180 agentes de ambos cuerpos.
No obstante, el 15 de marzo la Consellería suspendió todas las vacunaciones programadas con AstraZeneca, al haberse detectado varios casos de trombosis, incluso con muertes. Una semana después, el Consejo Interterritorial dio luz verde a que se administrara esa vacuna a personas de hasta 65 años, incluidos los policías.
Según la Fiscalía, el Departamento de Salud acordó entonces «priorizar» la vacunación de las personas de entre 60 y 65 años, «en detrimento de dichos funcionarios, salvo si tenían edades comprendidas en ese margen».
Y lo hizo, añade el Ministerio Público, «a pesar de ser conocedores» de que en esa fecha solo estaban vacunados un 2,8 % de los guardias civiles y un 3,6 % de los policías nacionales, frente al 77 % de mossos y guardias urbanos, el 77,9 % de policías locales y el 68,9 % de bomberos.