El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió el 17 de junio a comparecer en una semana o diez días para explicar el origen de las joyas intervenidas, pero esa declaración aún no se ha producido. Especialistas consultados señalan que no existe obligación legal de cumplir ese plazo.
El pasado 17 de junio, José Luis Rodríguez Zapatero declaró como investigado en la Audiencia Nacional ante el juez José Luis Calama. Durante su declaración, el expresidente optó por no responder a las preguntas sobre el origen de las joyas intervenidas en su despacho, cuyo valor fue tasado en aproximadamente 1,3 millones de euros. No obstante, manifestó al magistrado que solicitaría una nueva comparecencia “al cabo de una semana o diez días” para aportar la documentación necesaria.
Hasta la fecha, no se ha registrado públicamente esa nueva declaración. Tampoco se ha informado de que la defensa haya solicitado formalmente la comparecencia ni de que el juzgado haya fijado una fecha para escuchar sus explicaciones.
Consultado por este medio, el abogado penalista José Ignacio Estradé, socio director de Estradé Law Firm, explicó que “no existe una obligación legal de cumplir un compromiso de este tipo cuando no ha sido impuesto por el juez”. Según Estradé, “una cosa es que una persona diga espontáneamente que aportará una documentación dentro de diez días y otra muy distinta es que exista un requerimiento judicial que le obligue a hacerlo”.
El penalista añadió que los únicos plazos que obligan procesalmente son los que establece la ley o los que fija expresamente el juez. En este caso, al tratarse de un compromiso voluntario, no existe una consecuencia procesal automática por no cumplirlo. No obstante, señaló que lo habitual sería comunicar al juzgado las razones del retraso, como falta de documentación o espera de información de terceros.
El 18 de junio, el juez Calama acordó que las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, y su secretaria, Gertrudis Alcázar, declaren como investigadas, aunque dejó para una resolución posterior el señalamiento de esas comparecencias.
Según Estradé, los tiempos de la instrucción penal no siempre coinciden con la percepción pública. “La instrucción se rige por los plazos que marca la ley y por las decisiones del instructor, no por los compromisos voluntarios de las partes”, afirmó. Durante este período, el juzgado puede seguir practicando diligencias como solicitar documentación, recibir informes policiales o reclamar información bancaria.
La situación sería distinta si existiera un requerimiento expreso del instructor fijando un plazo para aportar documentación, ya que en ese caso el incumplimiento sí tendría relevancia procesal. Por el momento, la investigación continúa avanzando con el resto de las diligencias acordadas.