Un informe regional analiza los avances y las brechas en la inclusión de la discapacidad en los sistemas de salud y la gestión de emergencias en Centroamérica y República Dominicana, con foco en la fragmentación de datos y las barreras de acceso.
Centroamérica y República Dominicana registran avances y brechas en la inclusión de la discapacidad en los sistemas de salud y en la gestión de emergencias, según el informe Inclusión de la discapacidad en los sistemas de salud y gestión de emergencias de América Latina y el Caribe.
El análisis señala que Belice, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana impulsaron acciones para fortalecer la recopilación de datos y la prestación de servicios de salud inclusivos. Aun con marcos normativos y estrategias sectoriales, persisten barreras físicas, organizativas y comunicacionales que dificultan el acceso de las personas con discapacidad.
Entre los principales retos figura la fragmentación de la información y la limitada interoperabilidad de registros administrativos y clínicos. El informe indica que los datos sobre discapacidad suelen permanecer dispersos y carecen de desagregación sistemática por tipo, edad, sexo y territorio. Esto, según documenta, “limita la posibilidad de aplicar políticas basadas en evidencia y obstaculiza la anticipación de riesgos diferenciados y la activación de apoyos oportunos para personas con discapacidad”.
Datos, registros y acceso a la información
República Dominicana y Panamá avanzaron en la integración de procesos de certificación y mecanismos de interoperabilidad, lo que permite una mejor identificación y vinculación institucional, aunque el uso estratégico de la información aún muestra debilidades. “La difusión de la información está principalmente dirigida a públicos técnicos y utiliza formatos poco accesibles para actores no especializados”, precisa el documento.
La participación de las Organizaciones de Personas con Discapacidad (OPD) aparece como un elemento para la legitimidad y pertinencia de las políticas, pero el informe advierte que su intervención suele ser consultiva y con escasa incidencia institucionalizada en la toma de decisiones. “La información clínica y administrativa no siempre se presenta en formatos accesibles; la comunicación suele orientarse a públicos generales o técnicos”, señala el informe consultado.
Servicios de salud y formación del personal
En los servicios, Belice y República Dominicana desarrollaron iniciativas preventivas y guías normativas en salud, incluidas estrategias de detección temprana. Panamá incorporó telemedicina y recursos humanos especializados para ampliar el acceso territorial. Estos avances estuvieron acompañados por componentes de accesibilidad física y comunicacional, así como por procesos de adecuación progresiva de la infraestructura.
Aun así, el informe señala que “persisten barreras que deben ser abordadas para consolidar sistemas de salud más inclusivos”. Entre ellas, menciona la limitada institucionalización de modelos de atención inclusiva y la escasa documentación sobre mecanismos de seguimiento y evaluación desde la experiencia de las personas con discapacidad. Las estrategias preventivas suelen centrarse en la niñez y la adolescencia, sin una cobertura integral a lo largo del ciclo de vida.
El Salvador y Costa Rica pusieron en marcha acciones formativas para el personal sanitario, focalizadas en el abordaje de la discapacidad y la gestión de emergencias. Según el informe, “las capacitaciones inclusivas suelen ser descritas como iniciativas puntuales o ligadas a proyectos, sin una integración consistente en sistemas permanentes”.
En el plano normativo, República Dominicana y Panamá desarrollaron marcos técnicos y disposiciones sectoriales que sirven como referencia para integrar contenidos inclusivos en la formación y los protocolos. El documento señala que estas normativas representan una oportunidad para avanzar hacia la institucionalización de capacidades inclusivas y fortalecer la adaptación de los servicios de salud a necesidades diferenciadas.
Emergencias, riesgos y continuidad del cuidado
Durante emergencias y desastres, la inclusión de la discapacidad en la planificación y la respuesta sanitaria muestra progresos, aunque también brechas. Guatemala implementó instrumentos y planes de gestión del riesgo con enfoque inclusivo en establecimientos de salud, mientras que Panamá y República Dominicana incorporaron lineamientos sectoriales para la reducción de vulnerabilidades.
Pese a esos avances, la discapacidad suele incluirse de manera general en los planes y protocolos, sin definiciones operativas claras sobre apoyos, accesibilidad o continuidad de tratamientos. El informe destaca la necesidad de mejorar la comunicación de riesgos en formatos accesibles y de garantizar la continuidad del cuidado para las personas con discapacidad durante la recuperación posterior a la emergencia. “La recuperación se organiza desde enfoques generales de restablecimiento de servicios, sin estrategias sistemáticas para el seguimiento clínico de la población con discapacidad y la restitución de apoyos diferenciados”, según lo recopilado por Infobae.