Un grupo de detenidos de la Unidad Penal 31 de Florencio Varela presentó una denuncia ante la UFI de Quilmes contra 16 reclusos ex integrantes de fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas, y cinco funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense, por presunta venta de drogas, extorsión y otros delitos.
Un grupo de presos de la Unidad Penal número 31 de Florencio Varela del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) presentó una denuncia ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Quilmes contra ex miembros de fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas que están privados de su libertad en la misma cárcel, y contra autoridades del establecimiento, por la presunta comisión de delitos como venta de drogas intramuros, extorsión, reducción a la servidumbre, usurpación de funciones del Estado e imposición de torturas y tratos degradantes.
La denuncia fue presentada con carácter de acción de hábeas corpus colectivo y solicita la intervención de fuerzas federales por presunta corrupción institucional grave. El escrito apunta contra el Pabellón 1 de la Unidad 31, donde se alojan exclusivamente ex miembros de fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas, quienes conformarían una organización conocida como “La Comitiva” o “Los Limpiezas y mantenimiento”. Según la denuncia, actuarían en connivencia con las máximas autoridades del penal para ejecutar un plan sistemático de narcotráfico intramuros, extorsión organizada, reducción a la servidumbre de personas vulnerables, usurpación de funciones del Estado e imposición de torturas y tratos degradantes.
El escrito señala que la organización opera como un “co-gobierno carcelario mafioso” con total impunidad en el interior del Pabellón 1. Debido al presunto quiebre de la legalidad institucional y al peligro de filtraciones que pondrían en riesgo a los denunciantes, se solicita el secreto de sumario, que la investigación sea delegada a Gendarmería Nacional Argentina o Policía Federal Argentina, y que se proceda al allanamiento y secuestro de dispositivos telefónicos y soportes documentales.
Entre los denunciados figuran 16 reclusos ex miembros de distintas fuerzas de seguridad, incluidos líderes, recaudadores, “pasamanos” de drogas, operadores y nexos con autoridades carcelarias, confiscadores de mercadería y falsificadores de traslados. También se denuncia a cinco funcionarios del SPB dentro del penal.
La denuncia detalla la presunta delegación ilegal de funciones de seguridad del Estado hacia los internos de “La Comitiva”, quienes recibirían las llaves reglamentarias del personal penitenciario y ejercerían control absoluto sobre la apertura y cierre de candados de las 26 celdas del sector. Este control sería utilizado como mecanismo punitivo, fijando horarios de encierro a las 17:00 horas como castigo por no alinearse a las exigencias monetarias de la banda.
Uno de los reclusos denunciados tendría acceso a la Oficina de Ayudantía y Tratamiento del penal, con aval de una jefa penitenciaria, y accedería a bases de datos confidenciales con registros filiatorios de internos. Desde allí, confeccionaría solicitudes de traslado con firmas apócrifas y sellos oficiales, con el fin de forzar la expulsión de presos que se niegan a pagar cuotas extorsivas o a entregar mercadería. Además, montaría un estudio de gestoría judicial clandestino, recibiendo dádivas por la confección de traslados falsos.
En relación al narcotráfico, la denuncia menciona la presencia de un interno de otro pabellón sin autorización para ingresar al Pabellón 1, quien interactuaría con dos de los denunciados en maniobras de distribución de estupefacientes. También se denuncia la complicidad de un interno que cumple funciones en la Sección Requisa, quien introduciría cargamentos de drogas para la cúpula de “La Comitiva”.
En cuanto a la conectividad, la organización habría instalado un régimen tarifario extorsivo para el acceso a internet, cobrando cuotas mensuales de entre 30.000 y 40.000 pesos por interno. La cúpula controlaría antenas Starlink, y un interno que se opuso al cobro excesivo fue expulsado del pabellón mediante una golpiza y trasladado al Pabellón 3. Otro co-propietario de una antena habría sido sometido a trabajos forzados por negarse a cobrar sumas exigidas.
También se denuncia el monopolio de la comercialización de bebidas y alimentos, restringiendo el ingreso de gaseosas de primera línea para los familiares de detenidos comunes, mientras se permitiría el ingreso de cargamentos para la comitiva, que luego se revenderían a 10.000 pesos por unidad.
En el ámbito de las visitas, se describe una “aduana ilegal” en el SUM, donde un interno designado como “Limpieza del SUM de Visita” confiscaría mercadería y alimentos de los familiares, registrando en un cuaderno quién aporta y qué cantidad. Quienes no tributan sufrirían represalias como restricciones al uso de habitaciones para visitas íntimas, trabajos forzados o expulsión del sector.
La denuncia también menciona transferencias bancarias desde la cuenta del líder de la organización hacia cuentas de un ex jefe de la unidad, como contraprestación por la “zona liberada” para el control de candados, monopolio de internet y tráfico de drogas. Se menciona que un oficial fue desplazado de sus funciones tras una denuncia por violencia de género, en la que su pareja informó sobre transferencias bancarias espurias.
Finalmente, se denuncia un mecanismo de estafa judicial en el ámbito escolar de la Unidad 31, mediante la acreditación fraudulenta de horas de estudio y la obtención de certificados analíticos falsos para miembros de “La Comitiva”.