Un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia analizó las denuncias recibidas por el Consejo de la Magistratura entre 1999 y agosto de 2026. En Córdoba, 24 jueces federales fueron denunciados y ninguno fue sancionado ni destituido.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) publicó un informe titulado ¿Justicia intocable? en el que relevó las denuncias contra magistrados federales y nacionales ingresadas al Consejo de la Magistratura de la Nación desde su creación, en 1999, hasta agosto de 2026.
Según los datos difundidos, el organismo recibió 5.170 denuncias en ese período. De ese total, 4.910 fueron cerradas (94,97%) y 260 continúan en trámite (5,03%). De las causas cerradas, 64 derivaron en una sanción o destitución, lo que representa el 1,3% del total. Esas 64 decisiones se dividen en 43 sanciones disciplinarias —como multas o apercibimientos— y 21 remociones.
El informe también identificó que 469 expedientes caducaron por el paso del tiempo sin una resolución disciplinaria.
A partir del buscador de denuncias habilitado por ACIJ, Perfil CÓRDOBA detectó que 24 jueces federales de la provincia de Córdoba fueron denunciados en los 27 años de existencia del Consejo. Ninguno fue sancionado ni destituido. Actualmente, hay 15 expedientes en trámite.
El mayor número de denuncias corresponde al vicepresidente de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Sánchez Torres, con 12 expedientes abiertos. De ellos, siete están en trámite, cuatro son remisiones del Juzgado Federal 2, a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes, por la investigación penal por presunta violencia laboral y de género hacia una funcionaria del tribunal y abuso de autoridad, delitos por los cuales fue procesado.
La presidenta de la Cámara Federal, Graciela Montesi, registra seis causas en trámite. Una de ellas es la remisión del Juzgado Federal donde fue sobreseída en un hecho y se le dictó falta de mérito en otro, en el que el Ministerio Público Fiscal había solicitado investigarla.
Las denuncias ante el Consejo de la Magistratura y ante el fuero penal refieren a presuntos acuerdos entre Sánchez Torres y Montesi en la integración de las salas de la Cámara de Alzada que habrían beneficiado a empresarios o a algunas de las partes en otros litigios. También a un viaje a Punta del Este en un avión privado y a la situación patrimonial del camarista.
El segundo puesto del ranking histórico es compartido por dos magistrados. Ricardo Bustos Fierro, jubilado en 2023, tuvo 12 denuncias mientras estuvo al frente del Juzgado Federal 1 de Córdoba, con competencia electoral, y todas fueron desestimadas. Alejandro Sánchez Freytes, actual titular del Juzgado Federal 2, también acumula 12 causas, todas desestimadas excepto la última, ingresada en marzo de este año y firmada por Alberto Solanet.
El informe señala que no toda denuncia ante el Consejo de la Magistratura está destinada a prosperar. Entre los factores mencionados, indica que ciudadanos o abogados que pierden juicios recurren al organismo además de apelar las sentencias, y que hay denunciantes que cuestionan a tribunales colegiados enteros, lo que genera expedientes con nombres repetidos.
El trabajo también menciona la resistencia de la corporación judicial a las investigaciones sobre sus miembros y la lentitud en el trámite de los expedientes. Como ejemplo, señala que en el caso de los camaristas cordobeses Sánchez Torres y Montesi el cuerpo postergó durante meses la aplicación del artículo 11 del Reglamento del Consejo, que establece notificar a los denunciados para que realicen su descargo.
ACIJ plantea en el informe una tensión entre la garantía constitucional de independencia judicial, que protege a jueces y juezas de remociones arbitrarias, persecuciones políticas o represalias por el contenido de sus decisiones, y la existencia de mecanismos eficaces para investigar y eventualmente sancionar el mal desempeño o la comisión de delitos.
El trabajo también señala problemas de transparencia en los procesos disciplinarios: escasa información pública sobre el avance de las investigaciones, restricciones para que los denunciantes participen activamente y discrecionalidad en la selección de quienes quedan a cargo de investigar cada caso.
El informe dedica un apartado al juez en lo Criminal y Correccional N°4, Ariel Lijo, quien tuvo 41 denuncias en sus 22 años de ejercicio de la magistratura, en especial por causas de corrupción como Ciccone y Siemens, y por violencia laboral en su tribunal. ACIJ destacó que en alguno de los expedientes no se tramitó ninguna prueba y la mayoría fue rechazada. A pesar de tener causas abiertas, el presidente Javier Milei lo propuso como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Casos de Córdoba
Los jueces en actividad denunciados a lo largo de los 27 años de existencia del Consejo de la Magistratura son:
- Abel Sánchez Torres: 18 denuncias, actualmente siete en trámite.
- Graciela Montesi: siete denuncias, de las cuales seis en trámite.
- Alejandro Sánchez Freytes: 12 denuncias, 11 desestimadas y una ingresada este año.
- Miguel Hugo Vaca Narvaja: 10 denuncias, de las cuales una está abierta.
- Eduardo Ávalos: dos denuncias.
- Carlos Ochoa: dos denuncias, una interpuesta por Anses.
Vocales de tribunales orales en actividad también recibieron denuncias y todas fueron archivadas: José Fabián Asís (2), Julián Falcucci (4) y Noel Costa (1).
Los jueces jubilados, que renunciaron o fallecieron y tuvieron expedientes archivados son: Ricardo Bustos Fierro (12); Cristina Garzón de Lascano (4); Ignacio Vélez Funes (tuvo 8 causas en el Consejo, donde fue denunciado en forma conjunta con otros jueces, y solo una presentada por el gremio de judiciales fue exclusivamente contra él). El resto de la lista la integran los jueces de primera instancia Mario Garzón (8), Oscar Valentinuzzi (2) y Roque Rebak (3).
También fueron archivadas denuncias contra los camaristas Luis Rueda (5), Gustavo Becerra Ferrer (2), Alejandro Mosquera (2), Humberto Aliaga Yofre (1), Carlos Lascano (9), José María Pérez Villalobo (10), Jaime Díaz Gavier (7) y Vicente Muscará (4).
El caso de Carlos Otero Álvarez es especial: tuvo dos causas abiertas en el Consejo, se jubiló y luego fue condenado por delitos de lesa humanidad cometidos mientras fue funcionario judicial, antes de ejercer la magistratura.