El exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal presentó un recurso para que la Cámara Federal revoque la medida dictada por el juez Julián Ercolini.
El exfuncionario Roberto Baratta apeló el procesamiento dictado este miércoles por el juez federal Julián Ercolini en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La presentación fue realizada por su abogado defensor, Rodolfo Iglesias, para que la Cámara Federal revoque la medida y dicte la falta de mérito.
Ercolini había señalado en su fallo que Baratta incrementó su patrimonio en $4.678.496,90 de forma «apreciable e injustificada» entre 2003 y 2017, cuando se desempeñó como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal de la Nación.
El defensor apeló la decisión por considerar que «causa un gravamen actual, concreto y de imposible reparación ulterior». En el escrito, sostuvo: «Consolida una imputación patrimonial construida sobre premisas fijadas por el propio juzgado, utiliza como corroboración técnica un dictamen que no determinó autónomamente ni la atribución económica ni el costo histórico del rubro decisivo de Mapuche, prescinde de fuentes de descargo oportunamente individualizadas y rechaza en forma global las diligencias destinadas a comprobar las explicaciones del imputado».
Además, indicó que el procesamiento se dictó luego de que Baratta fue citado a dar su indagatoria, la cual fue protestada. También señaló que se había solicitado el apartamiento del juez de la causa.
Por otro lado, el abogado se refirió a la mansión en el Mapuche Country Club, tasada en un costo total de $3.700.000, que según el exfuncionario fue pagada por sus padres como un «proyecto familiar». Según el escrito, no se investigaron en profundidad los antecedentes económicos de sus padres, Palmino Baratta y Marta Rosa Girola, que podrían explicar el financiamiento de Mapuche.
Para el abogado, el fallo de Ercolini exhibe un «patrón de confirmación selectiva», ya que «los datos compatibles con la hipótesis inicial son presentados como corroboraciones, mientras que las fuentes alternativas son desestimadas por no encontrarse plenamente trazadas».
En ese sentido, solicitaron que la Cámara Federal disponga la «producción completa de las medidas ofrecidas para evacuar las citas y, una vez incorporados sus resultados, la realización de una nueva pericia contable integral por profesionales distintos». La medida apunta a responder «cada divergencia relevante», reconstruir el costo y la atribución de Mapuche desde sus fuentes, y disponer el recálculo de las operaciones «financiadas, sustituidas o reinvertidas conforme su efecto patrimonial neto y se identifique la incidencia individual y conjunta de cada corrección sobre los ejercicios y sobre el saldo acumulado».