Un inversor afectado por el lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA apeló el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros nueve acusados. El recurso, de 40 carillas, solicita que se revoque la decisión y que continúe la investigación. El escrito cuestiona el proceder del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano.
Un día hábil después del sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros nueve acusados en el caso $LIBRA, el inversor Juan Patricio Marchetto presentó una apelación para que se revoque la decisión y continúe la investigación. El escrito, de 40 carillas y patrocinado por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik, cuestiona el proceder del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano.
Marchetto invocó su condición de “pretenso querellante” para recurrir la resolución. Su exclusión como querellante fue dispuesta por Martínez de Giorgi el 3 de julio pasado y confirmada por la Cámara Federal, pero se encuentra bajo revisión de la Casación Penal, ante la cual presentó una queja. El inversor advirtió que, si los sobreseimientos quedaran firmes antes de que la Casación resuelva su planteo, una eventual restitución de su condición de querellante podría perder eficacia práctica.
En el recurso, Marchetto sostuvo que el juez Martínez de Giorgi incurrió en “contradicciones” y “confusiones” al firmar su resolución, efectuó una “valoración fragmentaria” de las pruebas y presentó una “fundamentación aparente”. El argumento central fue que el juez confundió la insuficiencia de pruebas con la atipicidad de los hechos, es decir, que concluyó que los hechos no encuadran en ninguna figura penal cuando, según el inversor, debió sostener que los elementos reunidos no permitían acreditar una hipótesis delictiva.
Respecto del fiscal Taiano, Marchetto afirmó que ocultó información, demoró la tramitación de prueba, omitió citar testigos, optó por no requerir indagatorias y solicitó el sobreseimiento de los once acusados mientras subsistían diligencias pendientes que él mismo había ordenado. “Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado”, sostuvo el damnificado.
Entre las medidas pendientes, el recurso menciona la ampliación de las pericias telefónicas encomendada a la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica (DATIP) sobre los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, quienes recibieron fondos del estadounidense Hayden Mark Davis. También cuestiona que no se citara a declarar a Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, los hermanos Marcelo y Leandro Aranda y la abogada Yanina Nicoletti, primera letrada de Davis en la Argentina. Señala además que ninguno de los once imputados sobreseídos fue convocado a prestar declaración indagatoria.
En cuanto al rol del Presidente, la apelación menciona la secuencia de comunicaciones entre Milei y el lobista Mauricio Novelli, uno de los principales organizadores investigados, en los minutos previos a la publicación presidencial que difundió $LIBRA el viernes 14 de febrero de 2025. Según los registros telefónicos citados, Novelli realizó llamadas salientes a Milei a las 18:44:32, 18:54:38 y 18:58:02, y recibió una llamada entrante del mandatario a las 18:56:22. La publicación con el código alfanumérico apareció en la cuenta de X de Milei a las 19:01:22. El escrito también menciona que a las 19:01, 22 segundos antes del mensaje, 74 billeteras realizaron 87 operaciones por un volumen aproximado de US$ 13,5 millones.
“Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento; existen operaciones realizadas instantes antes de que la información se hiciera pública; y existe, finalmente, la publicación presidencial que permitió que el público general conociera el contrato e ingresara al activo”, destacó Marchetto. Para el inversor, esos elementos deben evaluarse de manera integral para determinar si existió coordinación entre quienes prepararon el proyecto, las operaciones previas y la intervención del Presidente.
La apelación también se refiere al informe de la DATIP sobre los dispositivos secuestrados. Marchetto cuestionó que Martínez de Giorgi aludiera a irregularidades investigadas en un sumario administrativo por acceso indebido a documentación reservada para desestimar el informe. Sostuvo que el sumario no acreditó que la empleada investigada hubiera compartido documentación con una periodista o terceros ni que el informe hubiera sido manipulado, y que la fiscalía de Taiano recibió el informe preliminar en noviembre de 2025, antes de la publicación periodística de los documentos cuestionados.
El recurso cita el plenario “Zichy Thyssen”, de 2006, que estableció que el pretenso querellante está legitimado para interponer recursos de competencia de la Casación, e invoca derechos de las víctimas reconocidos por la ley, como el acceso a la justicia, la información, la participación y la tutela judicial efectiva.