La Justicia de San Isidro dio un paso firme hacia el inicio del segundo debate oral por la muerte de Diego Armando Maradona. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 rechazó formalmente el pedido de suspensión presentado por la defensa de Leopoldo Luque, confirmando que el proceso comenzará, tal como estaba previsto, el próximo 17 de marzo.
Los abogados del neurocirujano, Francisco Oneto y Julio Rivas, habían solicitado frenar el inicio de las audiencias bajo el argumento de que su defendido tiene derecho a ser juzgado por un jurado popular y no por jueces técnicos. Según los letrados, esta modalidad es la única que garantizaría un veredicto imparcial frente a la figura de Luque, acusado de “homicidio simple con dolo eventual”.
El revés judicial. A pesar de la insistencia de la defensa, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón fueron contundentes al desestimar el planteo. En su resolución, los magistrados señalaron que la cuestión del juicio por jurados ya fue tratada y declarada “inadmisible” por la Cámara de Apelaciones el 23 de diciembre de 2025.
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“No ha lugar a la suspensión del debate por tratarse de un planteo ya resuelto”, sentenciaron los jueces, dejando claro que la interposición de nuevos recursos no tiene efecto suspensivo sobre la fecha ya pactada.
La defensa de Luque sostiene que existe una “contradicción insalvable” en el proceso. Argumentan que, si se avanza con un tribunal técnico y luego una instancia superior les da la razón sobre el juicio por jurados, el daño sería “definitivo e irreversible”. Por este motivo, volvieron a radicar un recurso de apelación para intentar, en una última instancia, cancelar la fecha en los tribunales de la calle Ituzaingó.
El debate, que comenzará en marzo, buscará determinar las responsabilidades penales en el fallecimiento del astro mundial, ocurrido el 25 de noviembre de 2020. Junto a Leopoldo Luque, se encuentran imputados otros siete profesionales de la salud: Agustina Cosachov (psiquiatra), Carlos Díaz (psicólogo), Ricardo Almirón (enfermero), Mariano Perroni (jefe de enfermeros), Pedro Pablo Di Spagna (médico clínico), Nancy Edith Forlini (coordinadora médica) y Gisella Madrid (enfermera: su proceso corre por una vía separada).
Todos están bajo la lupa por el presunto manejo negligente de la internación domiciliaria en el barrio San Andrés de Benavídez, en un caso que mantiene en vilo a la opinión pública nacional e internacional.