La iniciativa propone cambios en las pensiones no contributivas por invalidez, incluyendo un reempadronamiento obligatorio. Organizaciones del sector expresan su rechazo, argumentando que se pierde la universalidad del sistema.
El Poder Ejecutivo nacional ha ingresado al Senado un proyecto de ley que modifica la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793. La iniciativa, denominada «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral, con suspensión automática del beneficio para quienes no completen el trámite en los plazos estipulados.
Según el texto oficial, el proyecto deroga varios artículos de la ley vigente que garantizaban la universalidad de las prestaciones. Además, elimina la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue aumentos por invalidez laboral o zona geográfica desfavorable, suprime el nomenclador de prestaciones únicas y desregula la negociación arancelaria con obras sociales o prepagas.
Uno de los puntos que ha generado debate es la «incompatibilidad absoluta» que el proyecto establece entre el cobro de la pensión y cualquier empleo formal registrado. De aprobarse, se eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio.
Organizaciones de discapacidad han manifestado su rechazo a la propuesta. Leandro Ator, presidente de la Asociación Civil Colectivo 3 de Diciembre, señaló que el proyecto «es restrictivo, quita derechos y se perderá la universalidad» del sistema. Ator cuestionó las cifras oficiales que justifican la reforma y advirtió sobre una «manipulación de los números» para instalar la idea de fraude en el sector.
El Gobierno fundamenta la iniciativa en el crecimiento del número de beneficiarios de pensiones por invalidez, que según datos oficiales pasó de 76.000 en 2003 a más de 1.200.000 en 2023.