La Cámara de Casación ratificó el decomiso de 111 inmuebles de la expresidenta, sus hijos y el empresario Lázaro Báez para cubrir la deuda de casi $685.000 millones por la causa Vialidad.
La Cámara de Casación confirmó este viernes el decomiso de los bienes de la expresidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez, para comenzar a cubrir los casi $685.000 millones por los que deben responder los condenados en la causa Vialidad. La expresidenta cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria.
El decomiso abarca un total de 111 inmuebles: 84 son de Báez; 19 son propiedad de Máximo y Florencia Kirchner, incluido el complejo “Hotel Los Sauces”; y uno solo de la expresidenta: un terreno en El Calafate de más de 6.000 metros cuadrados. La decisión alcanza propiedades vinculadas a Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL, además de inmuebles que fueron cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.
Entre los bienes figuran una propiedad ubicada en el Departamento III Lago Argentino, sobre Avenida 17 de Octubre al 800, incorporada al patrimonio familiar en 2007, con una superficie de 6.001,64 metros cuadrados. También se incluyen diez unidades situadas en la calle Mitre al 500, en Río Gallegos, transferidas a los hijos de la exmandataria en 2007; una vivienda en la misma ciudad en 25 de Mayo al 200, incorporada en 2010; y otra en la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada en 2006.
El inventario se amplía con terrenos en las inmediaciones de El Calafate, dentro del Departamento III Lago Argentino, entre ellos parcelas adquiridas en 2007 y 2008, junto con el lote donde se construyó el Complejo Hotel Los Sauces. También se agregan dos bienes adquiridos en 2007: uno de 44.106 metros cuadrados y otro de 87.046 metros cuadrados.
La decisión fue tomada por la Sala IV de la Casación al rechazar todos los recursos presentados por las defensas y ratificar lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2 en 2022. En junio del año pasado, la Corte Suprema había dejado firme aquel fallo, lo que habilitó la ejecución de las penas, pero el decomiso había sido apelado hasta llegar a Casación.
Si estos bienes resultaran insuficientes para cubrir el monto total, la Justicia procederá contra el patrimonio de los demás condenados: el exsecretario de Obras Públicas José López y los exfuncionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.
En sus presentaciones, las defensas habían apuntado a limitar el alcance del decomiso al cuestionar la inclusión de bienes sin “trazabilidad directa” con el delito. Cristina Kirchner intentó sin éxito poner a resguardo dos inmuebles, diez departamentos en Río Gallegos y una serie de terrenos en Lago Argentino, en Santa Cruz, propiedades cedidas a sus hijos. Los jueces señalaron que en delitos de corrupción complejos no se puede exigir una “trazabilidad lineal” del dinero ilícito y basta con probar una vinculación económica razonable.
Destacaron también que no es una pena contra Máximo y Florencia Kirchner en particular, sino una medida “restaurativa del patrimonio estatal”. “El decomiso no persigue castigar a los actuales titulares, sino recuperar para el Estado aquellos bienes cuya causa jurídica se encuentra afectada por su vinculación con el delito ya juzgado”, concluyeron los jueces.