La empresa estatal Petroperú informó a sus sindicatos que los fondos destinados al pago de utilidades tributarias por S/53,2 millones fueron empleados para la adquisición de combustibles. Además, se suspendió el seguro médico privado por falta de pago a las clínicas.
El viernes 22 de mayo, la Gerencia de Recursos Humanos de Petroperú, a cargo de Luis A. Del Águila García, convocó a los 12 sindicatos de la empresa a una reunión informativa. Participaron el presidente del directorio, Edmundo Lizarzaburu; el gerente general, Gustavo Villa; los principales gerentes de área y los secretarios generales de cada sindicato.
Durante el encuentro, Lizarzaburu afirmó que ProInversión es “la mano derecha” y “aliado” de Petroperú, y manifestó su respaldo a que esta entidad gestione aspectos fundamentales de la compañía. Los sindicatos expresaron su rechazo a la intervención de ProInversión, postura que sostienen desde la promulgación de los decretos de urgencia 010-2025 y 03-2026.
Uno de los puntos abordados fue la utilización del fondo destinado al pago de utilidades tributarias (S/53,2 millones en el ejercicio 2025) para los trabajadores. Lizarzaburu reconoció que ese dinero fue empleado para la compra de combustibles y no ofreció una fecha concreta para el pago de este beneficio laboral.
Otro aspecto tratado fue la suspensión del Programa de Asistencia Médica Familiar (PAMF), seguro privado financiado parcialmente con descuentos salariales. Petroperú dejó de pagar las cuotas correspondientes a las clínicas por falta de fondos, lo que resultó en la inactividad del seguro y dejó a los trabajadores sin cobertura médica.
Se informó también sobre la situación de la asignación familiar, un derecho que la empresa no ha pagado en cinco décadas. Tras demandas presentadas por los sindicatos ante Sunafil, la administración se comprometió a incorporar este beneficio en las boletas de pago a partir de junio. Los trabajadores consideraron que el monto es insignificante en comparación con la pérdida de otros derechos laborales.
Los sindicatos recordaron que suspendieron la negociación colectiva durante los últimos cinco años para priorizar la estabilidad de la empresa. No obstante, señalaron que no se registraron mejoras y que se produjeron recortes de beneficios promovidos desde múltiples directorios de la estatal.
Al cierre de la reunión, Lizarzaburu anunció que todo lo acordado y discutido sería elevado en un acta para su aprobación en el directorio de Petroperú. Los sindicatos advirtieron que este procedimiento podría interpretarse como un consenso que no existe, ya que rechazan explícitamente las medidas planteadas por la gerencia. Asimismo, exigieron transparencia en la priorización de pagos a proveedores, ante sospechas de favoritismo hacia grupos cercanos a la administración actual.
Los representantes sindicales advirtieron que el deterioro del clima laboral y la reducción de derechos podrían desembocar en ceses colectivos, afectando principalmente a los trabajadores sindicalizados. En febrero se aprobó un plan de salida escalonada para 954 trabajadores, principalmente con contratos temporales, suplencias y jubilados, acompañado de indemnizaciones, con el objetivo de reducir la dotación total de empleados a unos 1.700.