El estado de California presentó una demanda contra los departamentos de Salud y Seguridad Nacional de Estados Unidos por el presunto uso de registros de Medi-Cal para facilitar deportaciones. Mientras tanto, otros estados aprobaron medidas que obligan a compartir información migratoria de afiliados a Medicaid.
En los últimos años, distintos estados gobernados por el Partido Republicano aprobaron medidas que obligan a las agencias estatales de salud a compartir información con autoridades federales sobre el estatus legal de los beneficiarios. En 2025, bajo la segunda administración de Donald Trump, California inició una disputa judicial por el uso de registros de Medi-Cal compartidos dentro del sistema federal de Medicaid.
Demanda de California contra el HHS y el DHS
De acuerdo con la demanda, la información compartida por las agencias de salud habría sido utilizada con fines de deportación, según la presentación judicial. Los registros de Medi-Cal enviados al sistema federal de Medicaid incluían identificaciones personales, períodos de cobertura y otros datos administrativos, que luego habrían quedado disponibles para autoridades migratorias.
Las autoridades californianas sostuvieron que el uso de estos registros excedió los fines administrativos previstos por las normas federales y afectó la privacidad de millones de personas afiliadas al sistema de salud pública. La presentación fue encabezada por el fiscal general Rob Bonta junto a una coalición de 21 estados. La demanda apuntó contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Según el planteo judicial, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid solicitaron información detallada de afiliados bajo el argumento de realizar auditorías internas vinculadas al funcionamiento del programa.
Resolución judicial parcial
En medio del litigio, el juez federal Vince Chhabria emitió una resolución parcial que habilitó al gobierno a compartir identidades de beneficiarios de Medicaid con autoridades migratorias. Sin embargo, la resolución prohibió divulgar historiales clínicos, diagnósticos y tratamientos médicos protegidos por normas de confidencialidad sanitaria.
“Este es un tema que está muy presente en la agenda política en este momento”, afirmó Carmel Shachar, investigadora de políticas de salud en la Facultad de Derecho de Harvard, a CBS News.
Aunque la información médica específica continúa protegida, organizaciones civiles afirmaron que la entrega de nombres, direcciones y datos personales ya genera temor dentro de las comunidades inmigrantes.
Impacto en comunidades migrantes
Diversos especialistas advirtieron que las nuevas medidas provocaron una caída en consultas médicas preventivas y tratamientos dentro de comunidades inmigrantes. El principal temor está relacionado con la posibilidad de que información administrativa sea utilizada para localizar personas bajo procesos de deportación o investigaciones.
“Las políticas que difuminan la línea entre el acceso a la atención médica y el control migratorio corren el riesgo de empujar a las familias vulnerables aún más a la clandestinidad”, señaló Yesenia Polanco-Galdamez, abogada de inmigración de Carolina del Norte.
El impacto alcanza también a familias con integrantes nacidos en Estados Unidos. Muchas personas evitan inscribir a sus hijos en Medicaid o Children’s Health Insurance Program (CHIP) por miedo a exponer a otros miembros del hogar.
“Cuando se implementan políticas dirigidas a un inmigrante, uno puede pensar que solo se está atacando a esa persona en particular, pero en realidad es una bomba imprecisa que acaba con toda la familia”, dijo Leonardo Cuello, investigador del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, a CBS News.
Medidas en otros estados
Mientras California intenta frenar el intercambio de datos, otros estados avanzaron con medidas que obligan a organismos públicos a colaborar con autoridades federales de inmigración. Según lo retomado por CBS News, Carolina del Norte aprobó en abril del presente año una ley que exige reportar casos donde exista duda sobre la situación migratoria de personas inscriptas en Medicaid. Indiana, Louisiana, Montana y Wyoming también adoptaron normas similares.
En Tennessee se analiza un proyecto que ampliaría esta obligación a todas las dependencias estatales. Oklahoma también estudia iniciativas relacionadas con controles migratorios vinculados a servicios públicos.
Por otro lado, tanto Florida como Texas ya habían implementado mecanismos que incorporan preguntas sobre estatus migratorio en el sistema hospitalario y que fueron cuestionados por su posible efecto disuasorio. Ambos estados obligan a hospitales que reciben fondos públicos a consultar el estatus migratorio de pacientes durante procesos de admisión. La ley SB 1718 en Florida y la orden ejecutiva firmada en Texas incorporaron preguntas sobre situación legal dentro de formularios hospitalarios utilizados para la atención médica.